¿Cómo es explica en este tiempo de crisis económica, causada por el sector financiero, conceder la sanidad[1] a la financiación privada? y ¿Cómo se puede pensar, siendo la sanidad un pilar del estado, su financiación con recursos distintos de los públicos? La propuesta valora unas ventajas y olvida los inconvenientes del modelo enunciado por ese sector financiero, que casi nada aporta al desarrollo de la sociedad y que el beneficio que introduce en el sector de la ingeniería civil es vacuo y efímero, por lo que se presentan las razones que conducen a dejar de lado la concesión para construir hospitales.

El artículo señala la construcción de hospitales sin utilizar recursos públicos, pero esto no es así, porque las obras públicas en régimen de concesión se financian con el dinero de los ciudadanos, mediante un precio, durante todo el periodo de la concesión. Y el retorno para el inversor incluye, además del valor de la obra, los intereses acumulados y el beneficio financiero.

Las concesiones más recientes conocidas son el Metro ligero de Madrid, donde por cada viaje, el viajero paga 1 euro de billete y la Comunidad de Madrid paga casi otros 5 euros, y la M-601 para cerrar el anillo de la M-50 de Madrid, cuyo estudio de viabilidad establece que cada vehículo paga 3 euros y la Comunidad de Madrid habrá de pagar casi tres veces el importe de la obra durante el plazo de la concesión.

Desde el punto de vista contable, no es ventaja significada que las inversiones no computan en las cuentas públicas y, al margen de las obligaciones legales, la expresión de las mismas ha de expresar fielmente la situación financiera y patrimonial, sin que quepa ocultar los compromisos contraidos a largo plazo.

Atendiendo a los plazos de ejecución, los proyectos concesionales no son más rápidos de ejecutar. Los factores determinantes son los requeridos por las actividades ingenieriles, los trámites administrativos y la capacidad de gasto.

Los primeros son bien conocidos por los proyectistas y constructores: las obras empiezan por los cimientos y acaban con la limpieza de la obra, incluyendo numerosas tareas concatenadas; Los segundos son imprescindibles para asegurar el cumplimiento de los procedimientos legales relacionados con la igualdad y la transparencia de la administración pública y la protección del medio ambiente; Y el tercero, que podría influir en el ritmo de construcción para adaptar ésta y los flujos de recursos, llega a detener una obra, ejemplo actual de lo cual es el nuevo estadio del Valencia FC, pero nunca se ha conocido una gran obra por eso construida más rápidamente. En este mundo globalizado, la única ventaja competitiva empresarial perdurable radica en la calidad del producto o servicio, que suele estar enfrentada con el coste, aun más en las empresas financieras. A modo de estímulo a la calidad del servicio, se señala un “catálogo de penalizaciones para el supuesto de que la calidad obtenida no alcanzase la estipulada en el contrato”, lo que choca con la realidad ingenieril. Con lo difícil que es establecer parámetros y especificaciones a los materiales y a las unidades de obra, con lo que cuesta prescribir los procedimientos constructivos, con lo complicado que es llegar a puntos de acuerdo en la recepción y abono de las obras inconclusas o mal ejecutadas, cómo cabe pensar en establecer algo ligeramente parecido en la sanidad.

Una estrategia empresarial típica para tener beneficios es el crecimiento. Es por vía de la investigación, el desarrollo y la innovación que un producto o servicio atrae más clientes. Es así que se espera un gran crecimiento de la demanda de las tecnologías de producción de energías renovables, en la que España es líder mundial. Y es una estrategia legítima y plausible, pero en la sanidad no es deseable e, incluso, es moralmente reprobable. No tiene justificación alguna la expansión del negocio, aumentando servicios sanitarios innecesarios como, por ejemplo, el parto por cesárea sin justificación médica, sólo económica.

Llegados aquí, hay que plantearse qué sentido tiene la propuesta, que sólo tiene solución desde un planteamiento político. En Madrid se financian obras con capital privado, porque así lo quiere la Presidenta de la Comunidad, que es el principal baluarte del poder económico y referente conservador. Y mientras tenga la mayoría absoluta, seguirá siendo así. En Estados Unidos, por ejemplo, aquellas formulas de financiación han conducido a que 45 millones de personas no tienen atención sanitaria porque no pueden pagarse un seguro privado. En fin, según qué propuesta, no cabe más conclusión que recurrir a la financiación privada, Y esto para abordar cualquier inversión; igual da que su aplicación sea a la sanidad que a las obras. Así que, para qué la revista de obras públicas; vista la propuesta, cabe cambiar a la revista de obras privadas.

Por último, es de agradecer a los autores, Antonio M. López Corral, Antonio Sánchez Soliño y Samuel Carpintero López, la publicación del artículo, tanto para dar contenido a la revista, como para debatir temas de la profesión. Por supuesto, en este caso, la construcción de hospitales y la prestación de servicios sanitarios públicos en régimen de concesión no es beneficiosa para la Administración sanitaria, ni para los pacientes, ni para los Ingenieros.