¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
 

El  Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos tratará sus datos con el fin de gestionar la colegiación, las funciones legalmente derivadas de la colegiación, incluida la del control de deontológico y el ejercicio de la facultad disciplinaria, el cargo de la cuota colegial,  la gestión de la participación en procesos electorales, el envío de información colegial, así como  la prestación de servicios colegiales.

 Los datos podrán ser tratados para la emisión de dictámenes sobre honorarios en los procedimientos de tasación de costas cuando a tales efectos lo soliciten los órganos judiciales.

 De acuerdo con la redacción vigente de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales determinados datos (nombre y apellidos, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, datos profesionales de domicilio,  teléfono y dirección de correo electrónico, y situación de habilitación profesional) serán publicados en la ventanilla única. La previsión de la publicación del registro de colegiados en la ventanilla única de la página web de los colegios profesionales responde a las potestades de ordenación profesional que las leyes atribuyen a estas Corporaciones de Derecho Público, resultando obligatoria para éstas, mantener actualizado el registro de colegiados en la ventanilla única de su web, con la finalidad de protección de los intereses de los ciudadanos y clientes.

Sus datos podrán ser utilizados, si lo autoriza, para el envío por el Colegio  de información relativa a formación o de interés profesional.

También podrán ser utilizados sus datos para la realización de encuestas de calidad y satisfacción sobre la prestación de servicios, si así lo ha autorizado.

Sus datos podrán ser utilizados para la emisión de certificados

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su condición de colegiado, no se solicite su supresión por el interesado o  cuando los datos dejen de ser necesarios -incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción aplicables-  o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.

 La supresión, eliminación o destrucción de los datos tratados en el ejercicio de funciones públicas se realizará de conformidad con lo establecido en la  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y sólo pueden ser destruidos previa regulación de un procedimiento que salvaguarde el valor probatorio de derechos y obligaciones  y los valores artísticos e históricos que puedan tener los documentos, por acuerdo del órgano competente.